“La actitud del Ministerio de Salud (GCBA) es contraria a derecho”

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“La actitud del Ministerio de Salud es contraria a derecho”

15 noviembre, 2013

Por Noelia Leiva. Lo consideró Perla Prigoshin, presidenta de la comisión que elabora sanciones hacia la violencia de género. Se refiere a la cartera porteña que determina que los médicos deben denunciar si sospecha que una paciente se practicó un aborto. No tratar la interrupción del embarazo en el Congreso es un caso de maltrato “institucional”.

Un fallo de la Corte Suprema de 2010 deja en claro que los derechos personalísimos, que hacen a la dignidad e intimidad, deben protegerse incluso si por ello no se denuncia un delito. En contra de ese paradigma y del secreto profesional, tres médicas del hospital porteño Juan Fernández maltrataron y denunciaron a una mujer que llevaba un aborto en curso y solicitó asistencia. El caso, por el que hoy el movimiento antipatriarcal realizará un escarche en la institución, deja en evidencia cómo se denuestan a las ciudadanas: la prohibición de que decidan si parir o no y la agresión en los ámbitos dedicados a la atención ginecológica y obstetricia. Para Perla Prigoshin, abogada y presidenta de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig), la actitud manifiesta que “la ideología persecutoria está por encima de los derechos de las mujeres”.

En junio, una joven de menos de 30 años ingresó al centro médico para solicitar la ayuda de especialistas. Las médicas Julieta Andrea Wainfeld y Virginia Driedrich le “hicieron comentarios inapropiados, la culparon de lo sucedido y le manifestaron que le indicarían menor dosis de analgésico para que sienta lo que hizo”, transmitió un comunicado que emitió la Comisión para repudiar la actitud. Tras el cambio de guardia, la colega Rosana Buffa llamó a la fuerza de seguridad para denunciarla y volver a someterla a la humillación, mientras su salud se ponía en riesgo porque habían pasado “menos de 24 horas” desde la intervención quirúrgica que había atravesado. La justificación fue que la Dirección Legal y Técnica del Ministerio sanitario capitalino determina que los profesionales tienen que notificar a la Policía cuando suponen encontrarse frente a maniobras abortivas.

-¿Existe algún marco legal que ampare esta disposición del Gobierno que conduce Mauricio Macri?

Desde la Consavig entendemos que se trata de una indicación contraria a derecho. Es una barbaridad. Se encuentra, por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema de la Nación por el caso Baldivieso (NR: en 2010 determinó, a partir de que un médico denunciara a su paciente por consumo de clorhidrato de cocaína, que “un derecho personalísimo a una esfera de intimidad, en cualquiera de sus fundamentaciones, supera al interés social en la aplicación de una pena”). Con toda claridad se establece después de él que el hecho de que una mujer recurra a un espacio hospitalario demandando ayuda por un aborto no puede ser utilizado como un elemento para denunciar. Con este fallo y la existencia del secreto profesional (cuya violación es un delito tipificado en el Código Penal), lo que indica el Ministerio de Salud es una falta de respeto a lo dispuesto por la Corte y una conducta que muestra a las claras que tiene una ideología persecutoria, por encima de los derechos de las mujeres.

-¿Hay elementos que respalden la actitud de las profesionales en tanto trabajadoras de un sistema con reglas a cumplir?

De ningún modo se puede justificarlas. Vamos a terminar con la obediencia debida de la dictadura. No quiero sonar irrespetuosa con el sufrimiento de quienes atravesaron la tortura y la desaparición pero, si la orden que te dan es ilícita, te podés revelar. No todo da lo mismo. Podemos decir que estaba el empleo en juego, pero qué tal si pensamos que la ética, que tanto se pregona últimamente, está por encima.

-¿Entonces hay elementos para iniciar acciones legales contra esa medida?

Podría hacerse una denuncia ante los tribunales en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad para que de algún modo obliguen al Ministerio a retirar esa disposición. De ahí a la sanción hay una larga distancia.

-La paciente atravesó el maltrato por no haber contado con un espacio de salud seguro y público donde practicarse un aborto ¿Cuál es su mirada al respecto?

En una audiencia en la Cámara de Diputados fui invitada y definí que el no tratamiento de la despenalización del aborto, por lo menos, se configura como un hecho de violencia institucional contra las mujeres. Desde lo individual, estoy absolutamente de acuerdo no sólo con lograr que se despenalice sino que se legalice. Es una ocupación del Poder Legislativo que ya debería asumir.

– A partir de su labor en la erradicación de la violencia de género ¿cómo explica que haya sido una mujer la que denuncie a otra y de esta manera vulnere sus derechos?

Las personeras del patriarcado somos las mujeres. En esta dura asignación de roles, somos quienes criamos a los hijos e hijas, le indicamos conductas: “no seas maricón, devolvele la trompada” o le decimos a una nena “dale un vaso de agua a tu hermano ¿no ves que tiene sed?”. Se nos inculca el servir. En estos casos no hablamos por nuestra boca, somos habladas por el discurso del dominador. Muchas festejan los chistes machistas que critican a las suegras o compiten con las amigas, porque en el fondo está el cuento de la Cenicienta, en el que se contrapone a la madrastra y las hermanastra, que son las enemigas, y hace falta el beso del príncipe para convertirse en mujer. Son patrones difíciles de erradicar. No me asombra lo que hicieron, pero me duele.

-A partir de la difusión del caso se puso sobre el tapete la violencia obstétrica, que atraviesan muchas mujeres cuando hacen consultas a ginecólogos u obstetras o cuando van a dar a luz ¿Cómo se puede erradicarla?

Trabajamos en una subcomisión sobre esta temática y dimos bastantes pasos. Promovemos acciones preventivas y sancionatorias de dos tipos: capacitaciones a quienes incurrieron en este tipo de violencia para sensibilizarlos y la incorporación del ítem como causal de sumario administrativo. Además, trabajamos en la redacción de una encuesta para conceptualizar lo mejor posible cómo se configura, ya que tiene puntos de contacto con la mala praxis y tortura: si a una mujer le realizan un legrado sin anestesia, no estamos frente a un hecho de violencia nada más sino frente a un acto de tortura.

-¿Cómo se dará a conocer esa encuesta?

La empezamos a hacer circular en charlas con efectores de salud. Después serán interpretadas y las pondremos a disposición de la comunidad. Otra acción es reunirnos y articular con el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (Inadi), la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Superintendencia de Servicios de Salud para dar curso a unas cartas de denuncia que pusimos a disposición de las mujeres para que puedan dejar una constancia cuando atraviesan estas situaciones de violencia.

-Pero para decirlo ¿hay que desnaturalizar el dolor?

Está claramente naturalizado el dolor y el padecimiento en el momento del parto (o de su interrupción, por los motivos que hasta el momento son no punibles). Desde ya que parir sin violencia no significa hacerlo sin contracciones, pero sí que puede trabajarse y gestionarse en un ámbito amigable y respetuoso. En el caso de que duela tanto que sea intolerable, puede usarse la anestesia indicada por el médico. Nadie tiene que atravesar por lo que no puede.

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